El derecho de los menores a ser oídos

El derecho de los menores a ser oídos


—      – Children Filled-50       El derecho de los menores a ser oídos

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El art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todo niño, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, a ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta en los asuntos que le afecten. Y para ello se atenderá la evolución y las facultades del niño, aunque en ocasiones determinar el grado de madurez de un menor no sea tarea fácil y requiera de una valoración especializada e individualizada. No obstante la dificultad, los niños, según el ámbito y las circunstancias, pueden estar muchas veces en condiciones de formarse un juicio propio, aun cuando sean tan pequeños que no puedan expresarlo fácilmente.

El Convenio Europeo de 1996, la Observación General nº 12 del Comité de Derechos del Niño (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, los artículos 92, 154, 156, 159, 177 del Codigo Civil y la actual LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, entre otros, hacen referencia al derecho de los menores a ser oídos. La actual Ley de la Jurisdicción Voluntaria determina, art. 18.2.4ª, que dicho derecho debe ser ejercido de forma adecuada y con la asistencia, si es necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando siempre la intimidad de los menores y usando un lenguaje, proceso y forma adecuado a su situación, evolución y circunstancias.

Además la Circular 3/2009, en referencia a los procesos de separación y divorcio, expresa la conveniencia de que las comparecencias y exploraciones se desarrollen en un ambiente relajado, sólo en presencia del Juez, Fiscal y LAJ, con posibilidad de auxilio de psicólogos, miembros del equipo técnico y evitando preguntas directas sobre los temas más conflictivos.

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Éste derecho del menor puede ejercitarse directamente o a través de la persona que le represente, siempre que éste no tengan intereses contrapuestos, o a través de otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitir su voluntad de manera objetiva. Los menores también podrán solicitar asistencia legal y nombrar un defensor judicial. Éstos derechos podrán ser denegados por el Ministerio Fiscal, tanto al menor como a sus representantes, cuando se estime que la entrevista o comparecencia pueda ser perjudicial. La negativa deberá ser motivada en el interés superior del menor.

Además y aunque la ley presuma que el menor tiene suficiente madurez al cumplir 12 años (art. 9.2 LOPJM) esto no implica que deba ser oído de forma obligatoria a partir de esa edad, si no que se estudiarán las circunstancias denegándose si se estima que puede ser perjudicial o contrario a sus intereses.